La directora de escuela
Laura Gil
En el andamiaje político-militar instaurado, el colegio jugó un papel fundamental. La directora abrió la puerta al estudio, pero al parecer por razones perversas.
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Todavía vive al lado del colegio en una de las mejores casas del pueblo. Su sola presencia le impide a la gente de Riachuelo superar el pasado de dolor que ella, la directora de la escuela, ayudó a construir. Se llama Lucila Inés Gutiérrez, está casada con el exconcejal Luis Moreno y todo indica que puso la escuela al servicio de la ocupación paramilitar.
A Riachuelo le pasó lo que a varios poblados del país. En el 2000, el frente comunero cacique Guanentá, del bloque central Bolívar, se asentó en este corregimiento del municipio santandereano de Charalá y estableció un centro regional de operaciones, con instalaciones para el entrenamiento, la recreación y las comunicaciones. Los paramilitares se tomaron hasta el puesto de salud, que dotaron de aparatos de vigilancia, rodearon de antenas y usaron para supervisar los movimientos de la gente. La población de Riachuelo quedó confinada.
A Riachuelo también le pasó lo impensable. La directora de un colegio oficial se habría convertido en una operadora política de los paramilitares y entregado lo más sagrado de una comunidad: el espacio de los niños.
Hasta una víctima de asesinato apareció en la escuela. En junio del 2001, los estudiantes observaron en la huerta escolar una mano insepulta. Al llamado de la directora, el comandante alias ‘Víctor’ recuperó el cuerpo y lo arrojó al río. Los esposos Moreno Gutiérrez enfrentan cargos de homicidio y concierto para delinquir por estos hechos. Ellos habrían señalado al labriego ultimado como guerrillero ante los paramilitares.
La resolución de acusación contra la pareja, confirmada en segunda instancia el 20 de junio del 2013, da amplia credibilidad a los testimonios coincidentes de los comandantes desmovilizados, las víctimas y los residentes de Riachuelo.
En el andamiaje político-militar instaurado, el colegio jugó un papel fundamental. La directora abrió la puerta al estudio, pero, al parecer, por razones perversas. Varios menores reclutados fueron enrolados en el colegio con el objetivo de conseguir información sobre las actividades de los adultos. Los jóvenes paramilitares estudiaban de día y patrullaban de noche. “A veces, llegaban en camuflado”, dijo un funcionario. Según numerosos testigos, la directora reunía a los niños para intimidarlos en búsqueda del silencio frente a todo lo paramilitar; en ocasiones, los juntaba con los comandantes. Organizaba bazares para los paramilitares con cuotas obligatorias para las familias y llegó a celebrar un reinado de belleza con los paramilitares como audiencia.
Quizás lo más atroz fue el encubrimiento de la violencia sexual. Ella habría facilitado la escogencia de las niñas y los encuentros con los comandantes, recomendado cuándo debían venir arregladas y perfumadas, escondido los hechos ante sus padres y coadyuvado al menos a una relación forzada que duró años.
También se la acusa de haber colaborado con el secuestro y la tortura. “Prestó una habitación para torturarme durante mi retención y fue muy duro para mí porque ella había sido mi profesora”, le dijo una víctima a la Fiscalía. Para el ente acusador, “los esposos no solamente facilitaron su casa, para que los paramilitares hicieran reuniones y fiestas y retuvieran a las víctimas que secuestraban y torturaban, y su finca, para que permaneciera la tropa, sino eran los encargados de solucionar conflictos… Todo ello va más allá de simple complicidad y constituye una verdadera coautoría…”
El mismo fiscal que confirmó los cargos se pregunta por qué la instancia de conocimiento no dictó medida de aseguramiento. La directora y su esposo permanecen libres. ¿Hasta cuándo, Fiscal? Los pobladores de Riachuelo tienen derecho a rehacer sus vidas y a soñar con el futuro.
Laura Gil
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